Un País, dos Democracias.

Podría resultar extraño e incluso incoherente decir que en un país puedan coexistir dos tipos de democracias, es más, hasta decir que existen más de un sistema democrático en un país puede ser contradictorio, pero en realidad es algo de lo más común en especial en el continente americano, el continente con mayor desigualdad social en la faz de la tierra y en cuanto democracia se refiere en latinoamérica aun sufrimos los flagelos de las dictaduras del pasado y de la guerra fría.

Pero en este articulo me voy a referir al sistema democrático de mi país, la República Dominicana, un país que contiene todo los estamentos e instituciones para ser el sistema democrático más participativo, permanente, comprometido, incluyente y respetado de la región del caribe.

En la república dominicana se percibe sin temor a equivocarme dos especies o modos de democracia que son: la democracia institucional y la democracia de percepción negativa por parte de la ciudadanía. Desde 1978, la democracia dominicana ha oscilado entre las crisis, el progreso y el retroceso. En la actualidad, la democracia dominicana ha entrado en una fase de crisis fuerte producida por intereses políticos y la falta de confianza en la institucionalidad.

Desde las más altas esferas gubernamentales se transmite que el sistema democrático esta fortalecido institucionalmente, pero la población no lo percibe así, esto no significa que no valoremos los avances producidos desde la dictadura Trujillista hasta hoy. Para nosotros se ha avanzado desde aquel sistema de gobierno, pero es necesario reconocer que el sistema en que vivimos hoy no es el ideal. Es decir, aún estamos en una etapa de transición hacia una verdadera democracia.

El actual sistema democrático tiene sus luces, pero también sus muchas sombras, porque esta personificado a los intereses partidarios de los actuales gobernantes. Esta no es una mera opinión nuestra hecha al azar, sino que se fundamenta en ciertos o determinados factores de nuestra vida social, política y económica actual que nos insertan en un modelo no democrático. En la ciudadanía dominicana hay una generalizada percepción negativa de la situación del país, y el optimismo no es de mejorar, sino de incertidumbres por la falta de confianza en el órgano electoral, encargado de ser el ente de garantías de la democracia.

El tema de la democracia en República Dominicana, como experiencia concreta dentro del intrincado mosaico caribeño, no sólo debe ser analizado teniendo muy presente lo que ha sido el vía crucis de la democracia en la historia del capitalismo mundial, sino también los enormes límites que ese orden de dominación integral le ha impuesto al caro anhelo de "poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".

No podemos hablar de la democracia en la República Dominicana, sin antes referirnos por necesidad histórica a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la más férrea y personal de todas las conocidas en América.

Las causas de la tiranía trujillista se centraron en las pugnas que desde los tiempos de la colonización llevaban las diferentes clases sociales dominicanas con relación a su posicionamiento dentro de la sociedad. El deseo inmenso de Trujillo por ascender a las clases de primera y la sed de poder, vivió en él la ambición que un día se haría realidad dando inicio y fin a su tiranía. Luego de 30 años de tiranía trujillista, los dominicanos nos preparábamos para experimentar la democracia y digo experimentar porque el primer gobierno democrático después de la dictadura sólo duró siete meses, aunque con ese gobierno comenzó el proceso democrático dominicano en el año de 1963, encabezado por un hombre de una estirpe humanista y de categoría continental, como lo es el profesor Juan Bosch.

Con su gobierno efímero el profesor Juan Bosch demostró al país lo que él mismo había predicado cuando dijo: "el poder es una fuerza creadora si se usa a favor del pueblo; es una fuerza destructora y nefasta si se usa contra el pueblo". Lamentablemente ese gobierno no fue asimilado por la sociedad dominicana de la época y mucho menos por los sectores de poder nacionales e internacionales. El gobierno de los siete meses fue derrocado por un golpe de estado el 25 de septiembre 1963, a raíz del mismo se instauró un triunvirato para organizar elecciones nuevamente. Este golpe de estado provocó el 24 de abril de 1965, el estallido de la revolución constitucionalista que más tarde se convertiría en una guerra patria, debido a la segunda intervención norteamericana en territorio dominicano.

Una vez terminada la Revolución de abril, se formó un gobierno provisional que convocó a elecciones en el año de 1966, en las cuales resultó electo presidente constitucional de la República el Dr. Joaquín Balaguer considerado heredero político de Trujillo. Este gobierno y los dos sucesivos a éste se conocerían indistintamente como el famoso gobierno de los doce años.

A principios de los años setenta sólo había dos fuerzas políticas determinantes en el país, el Partido Revolucionario Dominicano fundado por Juan Bosch cuando se encontraba en el exilio, al cual renunció en 1973, y pasó a ser dirigido por el Dr. José Francisco Peña Gómez; y el Partido Reformista, fundado por el Dr. Joaquín Balaguer, pero también a comienzo de la misma década nació de las entrañas de Juan Bosch el Partido de la Liberación Dominicana. Estas tres fuerzas iban a gravitar en el ámbito político nacional de manera determinante y fueron las llamadas a mantener la incipiente democracia dominicana en equilibrio.

Retornando a nuestra época, el Partido de la Liberación Dominicano, ha sido quien ha llevado las riendas del país desde el año 1996 (intercalando 2000-2004 por el gobierno del PRD), es cierto reconocer que han creado mecanismos e instituciones que han permitido desarrollar la democracia, pero también hay vicios de poder que la han estructurado a los intereses partidarios lo cual ha generado un gran degaste de la democracia.

La ciudadanía siente que la democracia institucional se ha convertido en un instrumento de los dirigentes políticos en el poder, que no escapan a la tentación autoritaria que los mueve a gobernar eternamente, a invadir las esferas de las demás ramas del poder público, comprar conciencias de los legisladores malgastando la nómina oficial para pagar favores, debilitar a los partidos, descalificar a los contrarios con la prensa pagada que pretende apabullar la libertad de expresión de los opositores al gobierno, ampararse en la retórica de las leyes para limitar las libertades o negar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a cargos públicos de primer nivel mediante la tendencia a eternizarse en el poder.

En la actual democracia nos encontramos que cuando la pobreza se enfrenta a la riqueza conduce en ocasiones a un sistema de descalificaciones en el que se ignora el crecimiento con equidad, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la apertura de espacios democráticos que permitan que todos puedan ser escuchados. De igual forma este sistema democrático ha convertido a la meritocracia en un mito y en ciencia ficción, debido a que los esfuerzos y sacrificios de los ciudadanos y ciudadanas quedan relevados sino tienen el apadrinamiento político como requisito primordial, estas indelicadezas hacen crecer más el nepotismo.

Si bien es cuestionable que la gobernabilidad democrática no está determinada únicamente por la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas de la sociedad. Tampoco es indiscutible que debe haber un ejercicio de fortalecimiento del estado de derecho, una constante relación de construcción ciudadana y un permanente proceso de rendición de cuentas y transparencia de las instituciones públicas ante la sociedad. De esta forma, la gobernabilidad democrática se sostiene en una cultura política democrática, en el respeto a derechos y deberes ciudadanos y en la capacidad de los representantes del estado de ser eficientes y transparentes en el manejo de las instituciones públicas.

La ciudadanía, en especial los jóvenes, no exigimos algo fuera de este mundo a las autoridades, solo queremos que cumplan con lo establecido en la constitución de la República, que se respeten los derechos, que haya transparencia en el uso de los fondos públicos y la administración pública, que la corrupción sea perseguida de forma creíble y eficiente, y que el régimen de consecuencia finalmente se ponga de manifiesto ante los abusos de poder.

Para resumir es preciso exigir que la democracia debe ser participativa, equitativa e igualitaria para todos, no clientelar y cargada de nepotismo, la democracia debe contener las garantías de un estado social de derecho, no generar desasosiego e incertidumbres, la democracia debe crear bienestar a los ciudadanos y ciudadanas, no inseguridad y desconfianza.